CPC lanza plan contra las economías ilícitas que mueven cerca de US$8.000 millones en Chile

La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) presentó este martes la iniciativa “Por un Chile sin economías ilícitas”, un plan que busca enfrentar el avance del comercio ilegal, el contrabando y el crimen organizado a través del trabajo conjunto entre el sector público y privado.

Junto a 28 gremios y dos empresas, la CPC obtuvo estimaciones preliminares que indican que las economías ilícitas en Chile mueven cerca de US$8.000 millones, cifra que equivale a más de un 2% del PIB. Según el gremio, estas actividades han dejado de ser fenómenos aislados para convertirse en una amenaza estructural que impacta directamente la inversión, el empleo formal y el crecimiento del país.

La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, advirtió que se trata de un “fenómeno creciente, que trasciende sectores y fronteras. Y en ese sentido, si no nos hacemos cargo de identificar bien lo que está pasando y hacer propuestas, esto puede empeorar”.

La preocupación del sector no se limita a las pérdidas económicas directas. La CPC alerta también sobre efectos como la competencia desleal, la menor recaudación fiscal, los desincentivos a la inversión y el aumento de la informalidad. 

Las empresas formales quedan en desventaja frente a operadores que actúan fuera del marco legal, en un escenario que según el gremio “deteriora el ambiente, deteriora las condiciones de inversión y pone en situación muy vulnerable a las personas que también se involucran en ello”.

El plan se estructura en seis ejes: comercio ilícito y contrabando, finanzas ilegales, ilícitos en materias primas, delitos en minería, robos y fortalecimiento de la respuesta estatal. En ese marco, la CPC ya inició coordinaciones con organismos como el SII, Aduanas y el Ministerio Público.

“Estamos hablando de más de dos puntos del PIB en economías ilícitas, de lo que hemos podido hasta ahora levantar. Entonces, por supuesto, la situación es bastante grave”, sostuvo Jiménez.

El gremio subrayó que abordar este fenómeno es clave para recuperar la seguridad, la certeza jurídica y la confianza, elementos fundamentales para el desarrollo sostenible del país. El proceso culminará con la entrega de un documento de propuestas previsto para junio de 2026.

Fuente: Emol.com